En esta votación obligatoria, 15 millones de chilenos deberán decir si aceptan («Apruebo») o rechazan («Rechazo») esta nueva Constitución. «Una vez más, el pueblo tendrá la última palabra sobre su destino. Estamos iniciando una nueva etapa», declaró el Jefe de Estado y de Gobierno Gabriel Boric.
El lunes 4 de julio, la Asamblea Constituyente de Chile entregó al presidente Gabriel Boric el proyecto final de la nueva Constitución, resultado de un año de trabajo iniciado tras la revuelta social de 2019 y que aún debe ser aprobado en referéndum en septiembre.
«Debemos sentirnos orgullosos de que en el momento de la crisis más profunda (…) que ha conocido nuestro país en décadas, los chilenos optaron por más democracia y no por menos», dijo Gabriel Boric tras recibir el texto en un acto oficial en el Parlamento de Santiago. El presidente de izquierda firmó inmediatamente un decreto por el que se convocaba un referéndum para el 4 de septiembre. «Una vez más, el pueblo tendrá la última palabra sobre su destino. Estamos iniciando una nueva etapa», dijo.
La opción de redactar una nueva constitución fue aprobada (78%) por los chilenos en un referéndum no vinculante en octubre de 2020. En caso de rechazo el próximo mes de septiembre, la actual Ley Fundamental, que data de la época de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), seguirá en vigor.
Tras el traspaso, la Asamblea Constituyente, formada por 154 ciudadanos independientes y afiliados a un partido, fue disuelta, justo un año después de haber iniciado sus trabajos, el 4 de julio de 2021.
Chile se define como un estado «ecológico»
Considerado como una salida a la crisis política del levantamiento de 2019 por una mayor igualdad social, el proyecto constitucional consagra en sus 388 artículos nuevos derechos sociales, las principales demandas de los manifestantes. En el primer artículo, Chile se define como un «Estado social y democrático de derecho», «plurinacional, intercultural y ecológico», y «su democracia es paritaria».
Durante un año, los debates fueron acalorados en la Asamblea Constituyente, donde los independientes eran los más numerosos, con 104 escaños, y los representantes de la derecha no tenían mayoría de bloqueo. Se necesitaban dos tercios de los votos para aprobar los artículos.
Durante la ceremonia del lunes, los partidarios del cambio constitucional desplegaron banderas chilenas y mapuches (la mayor población indígena del país, con 1,7 millones de personas de un total de 19 millones) frente al parlamento, al son de las canciones de los días de lucha contra la dictadura.
«Es un proceso muy largo, tenemos que ser pacientes y esperar. Son las nuevas generaciones las que recogerán los beneficios de todo esto», dijo a la Agence France-Presse Diana Díaz, una jubilada de 75 años, que sostiene una bandera chilena. Los largos meses de trabajo también han estado marcados por la circulación en las redes sociales de muchas informaciones falsas al público sobre los artículos que se debaten.
La democracia en el trabajo
«Les invito a debatir intensamente sobre el alcance del texto, pero no sobre las mentiras, las distorsiones o las interpretaciones catastróficas que están desconectadas de la realidad», instó el jefe de Estado, al iniciarse el miércoles la campaña para el referéndum. En las últimas semanas, el joven presidente (36 años) ha reiterado su apoyo al proyecto de Constitución, afirmando que la actual Ley Básica -aprobada en 1980 en pleno régimen militar y que limita al máximo la intervención del Estado- representaba un «obstáculo» para cualquier reforma social fundamental.
La Asamblea Constituyente, plenamente paritaria, también tenía 17 escaños reservados para los representantes de los pueblos indígenas de Chile, incluidos los mapuches. Para la abogada mapuche Natividad Llanquileo, miembro electo de la Asamblea, el proceso representó «el espacio más democrático que hemos conocido en la historia de este país».
A dos meses del referéndum, muchos sondeos indican que el «no» (Rechazo), apoyado por la derecha, podría ganar. Pero algunos chilenos admiten que no tienen una opinión definitiva sobre el texto, que ahora será difundido en su totalidad.
«Será sin duda una campaña muy polarizada», pero «un poco más centrada en el contenido», pronostica Claudio Fuentes, politólogo de la Universidad Diego Portales. » El lado del ‘sí’ tiene que convencer de que el texto cambiará realmente la vida de la gente, mientras que el lado del ‘no’ tendrá que atraer a sectores más moderados detrás de ellos», resume.
